—Controversias e intereses en un episodio clave de la historia de la biología y la ingeniería genética.—

 

Con el inicio de la década de 1970 la biología molecular entra en una nueva etapa al desarrollarse las técnicas de recombinación del DNA y surgir así la ingeniería genética. Aunque la posibilidad de manipular los genes, aislarlos, caracterizarlos, modificarlos y transferirlos de un organismo a otro sin que dejaran de expresarse ya se había contemplado de manera teórica con anterioridad, se convirtió en una realidad a partir de una serie de episodios ocurridos en aquel momento.

Congreso de Asilomar, febrero de 1975. DNA Learning Center.

En este sentido fueron especialmente relevantes algunos trabajos como aquel desarrollado por David A. Jackson, Robert H. Symons y Paul Berg (1926-) en la Universidad de Stanford para la obtención de la primera molécula de DNA híbrida o aquel de Stanley Cohen (1922-2020) y Herbert Boyer (1936-) para el desarrollo de la tecnología del DNA recombinante. Al poco de publicarse estos trabajos se plantearon dos grandes controversias. Por un lado, en relación a trabajos como el de Cohen y Boyer se planteó abiertamente la cuestión sobre los límites de los derechos de propiedad intelectual. ¿Podía patentarse la tecnología del DNA recombinante? ¿y el gen molecular? ¿Qué implicarían dichas patentes? Por otro lado, los riesgos asociados a las investigaciones en el ámbito de la biología molecular empezaron a hacerse más evidentes en aquellos años, lo que motivó diversas iniciativas. Por ejemplo, ya en 1973 se celebró en el Asilomar Conference Center (California) una reunión para evaluar los riesgos asociados al trabajo con virus tumorales. En aquel momento se acordó someter a estudio epidemiológico a los operarios que trabajaban en aquellos laboratorios, pero dicho estudio nunca se llevó a cabo.

Paul Berg (1926-). Wikipedia.

En 1974 la controversia sobre la seguridad en las investigaciones biológicas, y en este caso concretamente en la ingeniería genética, todavía tuvo un impacto mayor cuando Paul Berg y otros científicos publicaron en Science la que ha venido a llamarse la moratorium letter. En ella proponían que cesaran algunos de los estudios que se estaban llevando a término en aplicación de la tecnología del DNA recombinante hasta el establecimiento de pautas consensuadas para trabajar de manera segura en el laboratorio. La carta sería clave para decidir organizar una segunda reunión en Asilomar que tendría lugar en 1975 y en la que se establecerían los límites seguros para el desarrollo de aquellas investigaciones en las que se transfería material genético entre especies diferentes. El congreso de Asilomar ha quedado representado en la memoria colectiva de buena parte de la comunidad científica como un episodio en el que la ciencia mostró su capacidad de autorregulación. Vieron el problema, lo denunciaron y organizaron el congreso para establecer límites seguros para el desarrollo de dichas investigaciones. Sin embargo, autoras como Susan Wright han analizado en detalle el papel que tuvo la conferencia en la evolución del marco regulador de la ingeniería genética y han llegado a conclusiones muy diferentes. Tal como se ha planteado, Asilomar pudo realmente servir para impedir que en aquel momento la controversia trascendiera a la esfera pública con más intensidad. Excluyó la participación de muchos expertos potenciales (en ecología, seguridad laboral, derecho, etc.), limitó las cuestiones sometidas a debate dejando fuera, por ejemplo, la posibilidad de restringir su uso militar, y convirtió el problema en un problema técnico que merecía soluciones técnicas (como el uso de cepas de E. coli inviables fuera del medio controlado del laboratorio). Es este, en todo caso, un episodio muy interesante para analizar tanto las dificultades que han existido y existen para regular la actividad científica como aquellas que se plantean cuando tratamos de presentar la ciencia como la principal herramienta útil para establecer regulaciones legales.

El análisis de la conferencia de Asilomar también ha sido útil para discutir quien puede o debe ostentar el estatus de experto en una controversia de esta magnitud. De hecho, el episodio viene a evidenciar que esa categoría de experto está continuamente sometida a negociación. Por otro lado, el papel que jugarían en la controversia sobre la seguridad de la tecnología del DNA recombinante grupos como el de Science for the People, que reivindicaron el debate público sobre los límites de la investigación, constituye una buena muestra de cómo fue apareciendo la necesidad de un giro participativo en ciencia. Se empezaba así a reivindicar una democratización de la ciencia; una reivindicación que en los últimos años ha adquirido mucha más visibilidad, aunque continua constituyendo un reto de primer orden para la ciencia actual.

Portada del número de septiembre de 1971 de Science for the People

Ahora bien, tal y como hemos planteado, Asilomar nunca constituyó un buen modelo ni de autorregulación de la comunidad científica, ni aun menos de giro participativo. En cambio, los hechos ocurridos tan solo un año más tarde en Cambridge (Massachusetts) resultan mucho más interesantes para constatar hasta qué punto el debate sobre la seguridad de la tecnología del DNA recombinante se pudo plantear en otros términos, superando los límites tradicionales del saber experto. Las medidas acordadas en Asilomar básicamente reclamaban contención física (medidas para evitar la exposición directa al material biológico en el laboratorio), contención biológica (con el uso, por ejemplo, de las cepas atenuadas de E. coli) y un buen comportamiento humano (no comer en el laboratorio, no pipetear con la boca, etc.). Pero estas medidas no siempre resultaron convincentes y cuando en 1976 se planteó la creación en la Universidad de Harvard de un laboratorio de seguridad para el desarrollo de esto tipo de investigaciones hubo una fuerte contestación social y académica. Los miembros locales de Science for the People tuvieron un protagonismo destacado en lo que derivó en una serie de audiencias públicas en el ayuntamiento de Cambridge y la creación de una comisión que debía establecer si la propuesta de creación del laboratorio podía prosperar. En aquella comisión participaron el gestor municipal, un ingeniero, un trabajador social, una ama de casa, un profesor, un médico, una monja, un ex-concejal de la ciudad y el oficial de salud de la ciudad. El debate se hacía así extensivo a una diversidad de agentes sociales mucho mayor que la que pudo darse en Asilomar.

El caso ha sido analizado en publicaciones recientes por investigadoras como Alyssa Botelho y nos muestra como ya entonces el debate sobre la regulación se pudo plantear de una manera mucho más matizada: desde una perspectiva crítica con el reduccionismo imperante en Asilomar a la hora de tratar una cuestión tan compleja como la salud; con una consideración explícita del impacto de los intereses capitalistas en el desarrollo de una ciencia eminentemente aplicada; y teniendo en cuenta el gran valor que tendría un debate más amplio en la esfera pública. Sin embargo, pese a la mayor riqueza del debate generado en este último caso, aquel que ha trascendido, de manera claramente sesgada, y que se ha fijado en la memoria colectiva de la comunidad científica es aquel acontecido en Asilomar. Sin duda, a la luz de las líneas anteriores, la investigación histórica y la comunicación científica deberán contribuir a una revisión exhaustiva de estos episodios para así contribuir a una mejor resolución de los nuevos debates que seguirán generando tecnologías como la del CRISPR.

 

 

Ximo Guillem Llobat
IILP-UV

 

Para saber más

Puedes ampliar la información con la bibliografía y recursos disponibles.

Lecturas recomendadas

Wright, Susan. Molecular politics: Developing American and British regulatory policy for genetic engineering, 1972-1982. Chicago: University of Chicago Press; 1994.

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Estudios

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