—El papel de los peritajes psiquiátricos en la patologización del crimen en la Restauración.—
El 18 de abril de 1886, Domingo de Ramos, Narciso Martínez Izquierdo, obispo de la recién creada diócesis de Madrid-Alcalá, fue tiroteado a su llegada a la Catedral de San Isidro ante los fieles y clérigos que esperaban en el pórtico. Un individuo se abrió paso entre la multitud y le disparó varias veces, siendo detenido inmediatamente. Al día siguiente el prelado falleció a consecuencia de las heridas de bala. La conmoción del suceso aumentó cuando se supo que el asesino era un sacerdote, Cayetano Galeote Cotilla.
La prensa se volcó en el caso informando de los detalles que se iban conociendo. La conducta y el carácter de Galeote fueron el centro de atención. Había sospechas de un comportamiento inadecuado en un destino anterior en Puerto Rico. También se supo que convivía con un ama de llaves, Tránsito Durdal, con la que compartía lecho y que fue entrevistada por Benito Pérez Galdós. Además, días antes del asesinato, Galeote entregó en la redacción del diario republicano El Progreso un paquete de cartas que había enviado a diversos superiores en un tono amenazante, entre ellos al obispo, a quien hacía responsable de la mancillación de su honor. Tras el crimen, el director del periódico entregó las cartas en el juzgado al tiempo que las publicaba. Por ellas se supo que el origen del crimen estaba en las desavenencias de Galeote con el rector de la Capilla del Cristo de la Salud, el padre Vizcaíno. El sacerdote consideraba que el rector le desairaba y, tras una fuerte discusión, este le prohibió cantar misa en la capilla. Ante el incumplimiento de su orden, la Junta Rectora de la Capilla le destituyó, lo que llevó al sacerdote a solicitar con insistencia al obispo su restitución en el cargo por considerar que su honra estaba en entredicho.
El juicio celebrado en octubre de 1886 levantó una gran expectación. La cuestión que se dilucidó no fue la autoría del crimen, que no ofrecía dudas, sino el estado mental del sacerdote cuando lo cometió. La defensa consiguió que se le practicaran peritajes psiquiátricos para determinar si estaba loco cuando mató al obispo. Se trataba de saber si era responsable o irresponsable de su acto criminal y, por tanto, imputable o no penalmente.
Los peritos de la defensa, Luis Simarro, José María Escuder y Jaime Vera, fueron unánimes en concluir que Galeote estaba loco. Su posición formaba parte de la “campaña forense” emprendida desde comienzos de la década de 1880 por José María Esquerdo y continuada por su círculo de discípulos y allegados en las salas de justicia y otros foros con el objetivo de dar a conocer a la opinión pública, a los magistrados y otros médicos los avances científicos del alienismo y legitimarlo socialmente como disciplina científica fuera de los muros del manicomio.
La estrategia se basaba en demostrar la existencia de locos que no aparentaban serlo y que solo el ojo experto del alienista era capaz de identificar. En 1819 Jean Etienne Dominique Esquirol desarrolló una nueva entidad nosológica, la monomanía, que consistía en que el alienado conservaba el uso de la razón y su delirio se limitaba a un objeto o un pequeño número de objetos, razonando y obrando en los demás órdenes de la vida con normalidad. Jean Etienne Georget ahondó en el concepto y definió la “monomanía homicida” como la inclinación del individuo a la ferocidad, a la destrucción y al crimen. El caso de Pierre Rivière en Francia fue emblemático en la aplicación de la monomanía en un proceso judicial. En España, en 1855 Pere Mata i Fontanet logró que prosperara el diagnóstico de monomanía en el caso Fiol, librándole del patíbulo. En 1858 Mata hizo explícitas sus intenciones sobre los peritajes psiquiátricos al señalar:
“Es mi propósito irrevocable arrancar de las garras del verdugo, de los presidios y de las cárceles a ciertas víctimas de su infeliz organización, o de sus dolencias, y trasladarlas a los manicomios o establecimientos de Orates, que es donde las está llamando la Humanidad a voz en cuello.”
La novedad en la década de 1880 fue la introducción de los principios de la teoría de la degeneración proveniente de la psiquiatría francesa y la teoría del criminal nato impulsada por Cesare Lombroso. El degeneracionismo ligaba la enfermedad mental a la herencia biológica y a la anormal conformación corporal. La explicación somaticista de la locura permitía emparentar a la psiquiatría con la medicina general y mostrar su carácter científico.
La existencia de locos que no lo parecían entrañaba tanto un problema para el sujeto enfermo, que podía ser juzgado y condenado penalmente en lugar de ser recluido en un manicomio para ser tratado, como un riesgo para la sociedad, que quedaba a merced de la peligrosidad de individuos que llevaban una vida aparentemente normal.
Pero la “campaña forense” también buscaba la introducción de cambios en el código penal que ensanchasen el campo de la locura como eximente de la responsabilidad. El determinismo biológico subyacente a la etiología de la enfermedad mental cuestionaba la existencia del libre albedrío del sujeto y desplazaba el foco de atención desde el acto cometido por el criminal hacia las características personales del sujeto, socavando las bases del derecho penal.
Esquerdo y su círculo aprovecharon una serie de procesos criminales de gran repercusión para alimentar su campaña en los tribunales de justicia, en diversos foros de debate y en la prensa. El inicio de esta “ofensiva psiquiátrica” estuvo marcado por los casos de Manuel Otero, regicida frustrado que atentó contra Alfonso XII en diciembre de 1879, y el de Juan Díaz Garayo, el “Sacamantecas”, que entre 1870 y 1879 violó y destripó, al menos, a seis mujeres en la provincia de Álava. Esquerdo actuó como perito de la defensa en ambos procesos y sostuvo que los acusados eran enfermos mentales e irresponsables penalmente. Aunque fueron condenados a muerte y ejecutados, dictó cuatro conferencias tituladas Locos que no lo parecen denunciando el error judicial cometido. En las dedicadas al “Sacamantecas” expuso por primera vez las ideas degeneracionistas e introdujo algunos elementos de la teoría lombrosiana sobre el criminal nato. Se centró, de este modo, en mostrar el peso de la herencia biológica en la génesis de la enfermedad mental (ilustrada con el árbol genealógico familiar) y en la descripción antropométrica de las deformidades corporales y craneales de Garayo, que mostraban su naturaleza enferma.
El esquema expuesto por Esquerdo marcó el camino de los peritajes realizados por su círculo. Los procesos de Manuel Morillo (1884), el del cura Galeote (1886), el de Louis Hillairaud (1887), o el del escritor Remigio Vega Armentero (1889) contaron con sus seguidores como peritos que defendieron la vinculación entre locura, criminalidad, herencia biológica y anormal conformación orgánica. La implantación en 1882 de los juicios orales y públicos contribuyó a la difusión de las nuevas ideas psiquiátricas, pues permitía la presencia de curiosos y de la prensa en las salas de justicia. Esta última, en sus crónicas difundió las teorías que relacionaban la locura con la criminalidad y los argumentos antropométricos utilizados por los peritos para justificarlas.
El proceso del cura Galeote fue muy importante en este sentido por la dimensión social del caso. Los peritajes de la defensa pusieron sobre el tapete la herencia patológica y las anormalidades craneales de Galeote. Uno de los peritos, José María Escuder, reconstruyó su árbol genealógico a partir del estudio de 163 parientes correspondientes a cuatro generaciones. La “ley de la herencia” se cumplía fatalmente en la familia, y Escuder concluyó que el sacerdote era “el producto de la unión de dos familias degeneradas” y sintetizaba “una raza mixta de Galeotes y Cotillas, que presenta mezcladas las predisposiciones nerviosas y congestivas”.
Los estigmas físicos fueron descritos prolijamente en los informes. Otro de los peritos, Luis Simarro, señaló que “la medida del cráneo, comparada con la talla, revela que el cráneo es más pequeño, en general, que el cráneo del mínimo normal, y sigue inmediatamente en volumen al cráneo de los imbéciles y de los idiotas; es un microcéfalo”, apuntando además “como signo de degeneración” “la viciosa implantación de los dientes y la presencia de cuatro muelas del juicio”. En esta línea Escuder afirmaba que “la desproporción de su cráneo y de su cara enseña a todo hombre observador que nos hallamos frente a frente de un degenerado”. Según Escuder, Galeote presentaba “los estigmas de la herencia, y entre ellos no es el menor la fealdad que imprime a su fisonomía el prognatismo de la mandíbula inferior, que le asemeja a las razas más bajas”.
Galeote fue diagnosticado de “paranoia primaria persecutoria” (Simarro), “paranoia con delirio de persecuciones” (Escuder) o “caso típico de delirio de grandezas en incubación y un caso, acabado, del delirio de persecución” (Vera). Por su parte, la fiscalía, que argumentaba que Galeote había planificado su crimen y actuado conscientemente movido por la venganza, propuso sus propios peritos que emitieron informes contradictorios. El doctor Bustamante se alineó con los de la defensa, mientras que Francisco Isasa y Eduardo Lozano Caparrós consideraron al acusado penalmente responsable de su acto criminal.
Galeote fue condenado a muerte, al considerar el tribunal que “obró con conciencia al ejecutar el delito y en el uso expedito de sus facultades mentales”, una sentencia posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo. Sin embargo, los acontecimientos dieron un giro inesperado. El sacerdote se mostró excitado en prisión y fue examinado por una comisión de seis médicos forenses que concluyó que padecía “delirio persecutorio”. La fiscalía solicitó que la Real Academia de Medicina estudiara al reo. Esta elaboró un extenso dictamen en diciembre de 1887 en el que concluía que padecía “monomanía de persecución en su tercer periodo, o sea cuando se despiertan ideas de ambiciones y de soberbia y exagerado orgullo, que señalan el imperio absoluto de la subjetividad”. Gracias a ambos informes, Galeote fue ingresado en el Manicomio Nacional de Leganés, donde falleció en 1922.
Los peritajes de la defensa no influyeron en la decisión de la justicia, pero sí los informes posteriores, en especial el de la Real Academia de Medicina. En lugar de argumentos degeneracionistas, la Real Academia utilizó el diagnóstico de monomanía, claramente en desuso en 1887, lo que apunta a su persistencia y a una posible maniobra de los académicos para convencer a los juristas, más familiarizados con las viejas ideas. Además, el dictamen no se refería al estado mental del reo cuando cometió el crimen, pues esa vía había quedado cerrada con la sentencia, sino a su estado en prisión. Los académicos argumentaron que las excentricidades, los episodios violentos y el carácter difícil del sacerdote antes de la comisión de su crimen no hacían evidente que pudiera estallar la locura. Esta se manifestó definitivamente al conocer la sentencia y a ese estado remitían para su diagnóstico de locura, por lo que mantenerle en prisión era un peligro y ejecutarle, un acto inhumano.
Pese al fracaso de los peritos de la defensa, su papel fue fundamental en el impulso de la “campaña forense” y el debate sobre las nuevas ideas que vinculaban locura y crimen. Su exposición en público y su difusión en la prensa contribuyeron a su popularización y debate social. Su alcance, aunque limitado en los resultados, fue significativo. Durante la década de 1880, al calor de los debates públicos, los gobiernos liberales impulsaron reformas. En diciembre de 1886 un decreto creó un manicomio judicial en Madrid dirigido a la custodia de los locos criminales. También se puso en marcha una comisión compuesta por médicos, juristas y arquitectos para redactar “un proyecto de ley” en el que se especificaran “las medidas de protección contra los locos criminales, y las bases para la construcción y organización del manicomio penal”. Entre los médicos estaban Esquerdo, Simarro y Pulido. Sin embargo, la ley no se llegó a promulgar.
También hubo iniciativas parlamentarias para reformar el Código Penal. En 1882, Esquerdo intervino ante la Comisión del Senado encargada de estudiar la reforma del Código Penal, defendiendo un concepto de locura muy amplio y proponiendo en consonancia el aumento de los límites de la irresponsabilidad penal. Esta iniciativa y otras a lo largo de los años no tuvieron éxito. Hasta 1928 no se cambió el Código de 1870. El caso de Galeote tuvo trascendencia internacional. Emmanuel Régis lo analizó en su obra Les régicides y lo comparó con el caso del cura Verger, que en 1857 había asesinado al arzobispo de París.
A mediados de la década de 1890, algunos psiquiatras, preocupados por los excesos argumentales de sus colegas y las negativas de los jueces a tomar en consideración los informes psiquiátricos, intentaron ajustar la aplicación del degeneracionismo en los tribunales, defendiendo la existencia de la responsabilidad atenuada de muchos degenerados. Esto significaba que un enfermo mental solo sería irresponsable si cometía un delito en el ámbito de su impulso morboso. Si lo hacía fuera del mismo, debía ser considerado responsable. Se abría así el camino para una alianza entre derecho y psiquiatría que hallarían en la defensa social y la peligrosidad el punto de encuentro en las décadas siguientes.
Ricardo Campos
Instituto de Historia, CSIC
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Imágenes de la psiquiatría. Usos y utilidades de la fotografía en el ámbito psiquiátrico. Disponible en este enlace.