—La producción de ignorancia ambiental en un mundo marcado por violencias lentas y fuertes desequilibrios en el reparto de los riesgos tóxicos.—

 

En los dos últimos siglos se ha producido un incremento exponencial de las sustancias potencialmente tóxicas. A principios del siglo XXI se calculaban en alrededor de 100.000 los productos químicos en el mercado, desde unos 85.000 registrados en USA hasta unos 140.000 productos estudiados en el sistema REACH de la Unión Europea. Un reciente estudio, basado en el análisis más amplio de inventarios de 19 países, ha estimado que circulan más de 350.000 productos químicos y mezclas comerciales de los mismos. El estudio señala que hay un grupo de entre 50 y 70 mil productos sobre cuyas propiedades y riesgos tóxicos apenas se dispone de información. Estas nuevas sustancias conviven con otras cuyos efectos perniciosos han sido conocidos durante mucho tiempo.

Una mujer del distrito Samastipur del estado indio de Bihar muestra lesiones en sus manos producidas por el consumo de agua con compuestos de arsénico. Se calcula en varios millones las personas afectadas. Fotografía de Umesh Kumar Ray.

Un ejemplo de productos cuyos efectos tóxicos son bien conocidos desde épocas remotas son los compuestos del arsénico. Fue un elemento conocido como el “rey de los venenos” por tratarse de una de las herramientas favoritas para envenenamientos criminales del siglo XIX. Su escaso sabor y olor, su color blanco y su textura, permitían confundirlo con alimentos y productos de la vida cotidiana. A finales del siglo XIX, como ocurrió con otros venenos, se desarrolló todo un conjunto de medicamentos arsenicales de gran éxito, el más popular de los cuales fue el denominado “Salvarsán”, un fármaco empleado contra la sífilis popularizado por Paul Ehrlich (1854-1915). A principios del siglo XX, muchos otros compuestos arsenicales se empleaban como matarratas, plaguicidas, medicamentos, cosméticos, colorantes en papeles pintados y hasta como tratamiento de cereales tras su recolección. Esta amplia presencia facilitó la adquisición para usos criminales y su presencia en alimentos, agua, entornos laborales y suelos agrarios. El uso de plaguicidas arsenicales provocó la muerte de trabajadores e intoxicaciones alimentarias a gran escala, como el famoso caso de la cerveza adulterada en Manchester a principios del siglo XX. A medida que avanzó este siglo, los problemas ampliaron su escala hasta adquirir un carácter global y, en las primeras décadas del siglo XXI, los peligros del arsénico afectan a grupos amplios de población, debido su diseminación en suelos y ríos, así como en otros ecosistemas, donde producía serios daños a la fauna y la flora. Durante el siglo XIX y gran parte del XX, las acciones públicas para luchar contra los peligros del arsénico se concentraron principalmente en el envenenamiento criminal, el cual producía una gran alarma entre las clases dominantes. En realidad, los crímenes de envenenamiento eran un problema relativamente pequeño que movilizó gran cantidad de recursos y señaló la dirección de las primeras investigaciones de toxicología. Mientras los recursos se dirigían a esas vías, se prestó poca atención a otro tipo de envenenamientos, más prolongados, invisibles y masivos, que tenían lugar en fábricas y hogares.

Otro ejemplo de productos tóxicos fueron los compuestos del plomo empleados desde la Antigüedad y cuyos efectos por intoxicación aguda y crónica eran bien conocidos desde hace siglos. La cerusa (una mezcla de carbonatos de plomo) fue empleada para enlucir paredes, como materia prima de pinturas y adherente en lienzos. En el siglo XIX se convirtió en el pigmento blanco más usado en Europa para pintar edificios, navíos, coches de caballos y, más adelante, vagones de tren. Los datos sobre su peligrosidad siguieron acumulándose. Mientras obreros y pintores sufrían dolencias del sistema nervioso y digestivo, el uso de cerámica vidriada con esmaltes de plomo provocó brotes de fuertes cólicos estomacales en varias ciudades europeas, como el denominado “cólico de Madrid”.

Aunque existían alternativas, las empresas mantuvieron la producción de plomo y orillaron las prohibiciones, tanto en lugares de trabajo como en hogares, recipientes y vehículos. Cuando las restricciones llegaron, los envenenamientos continuaron en zonas deprimidas, donde los habitantes no podían sufragar los gastos para eliminar el veneno y adoptar productos más seguros. Entre las víctimas, con alteraciones en el desarrollo del sistema neuronal, figuraron muchos niños de clases desfavorecidas que jugaban en entornos embadurnados con pintura de plomo. La gasolina con plomo, introducida en la década de 1930, produjo otra fuente de contaminación a gran escala, hasta que su uso fue prohibido a finales del siglo XX en otros países. Los residuos acumulados de las baterías de plomo de coches también han sido fuente de graves problemas. En 2008, dieciocho niños murieron y centenares sufrieron dolencias estomacales y neurológicas en un pequeño poblado de Senegal, cerca de Dakar, debido a la acumulación de residuos de plomo de baterías reutilizadas para diversos menesteres.

Papel térmico de una factura en proceso de combustión. El bisfenol A (BPA) es una sustancia utilizada con frecuencia desde los años sesenta para fabricar plásticos, resinas y papeles térmicos como los empleados en las facturas. En el verano 2020 la agencia europea (ECHA) restringió su uso en papeles por sus potenciales efectos como disruptor endocrino. Wikipedia.

Los ejemplos anteriores muestran que muchos tóxicos, al igual que los compuestos del plomo y arsénico, han ocasionado problemas relacionados con riesgos laborales, salud pública, adulteración de alimentos y daños medioambientales, por lo que su gestión y regulación implica un gran número de disciplinas y marcos legales. Esta fragmentación de saberes y regulaciones se ha considerado uno de los grandes problemas para gestionar los riesgos tóxicos. Estos riesgos se ampliaron y diversificaron con la intensificación química de la economía durante el siglo XX, lo que comportó la llegada de un gran número de sustancias de síntesis, muchas de las cuales, como el DDT, los bifenilos policlorados o las anilinas aromáticas, tuvieron que ser retiradas del mercado, ante la abrumadora cantidad de pruebas acerca de su peligrosidad. Muchas nuevas sustancias crearon retos que no podían abordarse con los planteamientos anteriores. Por ejemplo, el descubrimiento de los disruptores endocrinos en la década de 1980, sustancias con capacidad de producir efectos dañinos en cantidades muy pequeñas, así como el estudio de los mutágenos y las sustancias cancerígenas, puso en cuestión la posibilidad de establecer un umbral de seguridad, es decir, un límite máximo de concentración por debajo del cual se podían manejar estas sustancias sin riesgo alguno en entornos laborales o productos alimenticios.

La naturaleza escurridiza de los tóxicos se ha exagerado a menudo para producir ignorancias deliberadas que justifican la inacción pública y proporcionan a las industrias vías de escape para eludir regulaciones. La producción deliberada de ignorancia ha estado favorecida por la acción de “mercaderes de la duda”, similares a los que colaboraron con la industria del tabaco para retrasar su regulación hasta finales del siglo XX. Por otra parte, las condiciones de producción de los saberes toxicológicos promueven la recogida incompleta de datos, por ejemplo, en entornos laborales marcados por la precariedad y la movilidad, que se combina con las lagunas de investigaciones por realizar para producir una infravaloración de los riesgos tóxicos.

Diferentes tipos de aproximación se han ido sucediendo, desde los intentos de prohibir mediante normativas estrictas en ámbitos como la agricultura o la alimentación, hasta el uso de dosis máximas o umbrales de riesgo para permitir el comercio de productos con cantidades supuestamente seguras de tóxicos. El cálculo de riesgos, con el fin de establecer compensaciones o pólizas de seguros, fue otra forma de gestionar los riesgos durante el siglo XX, sobre todo en entornos laborales, donde los desequilibrios en las relaciones laborales jugaron un papel más relevante en muchos casos que los estudios toxicológicos disponibles. En el siglo XXI, y a pesar del incremento de acuerdos internacionales y normativas locales de todo tipo, las medidas parecen estar encaminadas a convivir con los productos tóxicos, cuyo efecto dañino se pretende limitar, ya no que evitar, mediante restricciones para actividades peligrosas, litigios contra empresas contaminantes, compensaciones para las personas afectadas, reconocimiento oficial de zonas y especies protegidas, estándares ambientales y de salud para limitar ciertos productos, soluciones tecnológicas de diverso tipo, y campañas de promoción de acciones privadas o colectivas para favorecer, por ejemplo, el reciclaje, la agricultura sostenible y la disminución en el uso de plásticos y otros productos contaminantes.

Tomoko in her bath. Fotografía de Eugene Smith, 1972. Este fotógrafo norteamericano, junto con Ishikawa Takeshi, dio a conocer a las víctimas japonesas de Minamata, con las impactantes imágenes publicadas en la revista Life en junio de 1972. Smithsonian American Art Museum, 1983.63.1276.

Los estudios disponibles subrayan el fracaso de los diversos procedimientos de regulación de los productos tóxicos durante el siglo XX. También muestran que la violencia lenta e invisible de los tóxicos no se reparte por igual. Afecta sobre todo a los grupos subalternos y, de este modo, refuerza desequilibrios de poder, discriminaciones racistas, sesgos de género, desigualdades económicas y dominaciones coloniales. La combinación de todos estos ingredientes puede producir auténticas “zonas de sacrificio”, es decir, territorios sometidos a los tóxicos producidos por industrias químicas, minería extractiva, agricultura intensiva o el comercio de desechos peligrosos.

El carguero Probo Koala de la compañía Trafigura, una empresa emplazada en Singapur, que mercadeaba a principios del siglo XXI con productos del petróleo altamente tóxicos en la costa oeste de Africa. Amnistía internacional.

Algunos ejemplos de zonas de sacrificio son las áreas afectadas por tóxicos o radiación por las catástrofes conocidas de Bhopal, Minamata, Chernóbil o Palomares. También sirven de ejemplo las ciudades chilenas de Quintero y Puchuncaví, donde los denominados “hombres verdes” fueron afectados por la acción de metales pesados, o las áreas de selva fumigadas con productos peligrosos en Vietnam o Colombia durante acciones de guerra. Otro ejemplo, en este caso ilustrativo del denominado “imperialismo tóxico”, es el periplo del carguero panameño Probo Koala en 2006. La compañía propietaria, Trafigura, trató de desprenderse de los residuos en diversos lugares (Malta, Italia, Gibraltar, Nigeria, etc.), pero encontró resistencias y precios elevados para gestionar el tratamiento. Consiguió llegar a un acuerdo por un precio inferior con una compañía local de Costa de Marfil que se encargó de realizar el vertido en diversos puntos de los alrededores de Abidjan durante la noche del 19 de agosto de 2006. Miles de personas fueron atendidas por los servicios médicos y, al menos quince, murieron. En febrero de 2007, la compañía llegó a un acuerdo con el gobierno de Costa de Marfil para evitar futuras investigaciones. Los juicios celebrados en otros países se saldaron con resultados semejantes, sin que fuera posible realizar una investigación a fondo en la zona afectada y sin un registro adecuado de víctimas y efectos medioambientales. Todavía en 2021 están en marcha iniciativas legales.

El viaje del carguero Probo Koala revela muchos flecos en la regulación global de las mercancías que permiten trasladar los riesgos tóxicos a zonas de sacrificio, en una huida deliberada de las legislaciones más restrictivas. Esta situación se produce también dentro de los estados, incluso en la distribución de industrias contaminantes en ciudades en torno a los barrios más pobres. Las personas que luchan contra estas injusticias ambientales deben enfrentarse no solamente a la violencia invisible de los tóxicos, sino también a los desequilibrios de saberes e ignorancias favorables a las industrias y, en muchas ocasiones, a la brutal represión contras las voces disidentes, tal y como reflejan informes como el realizado en la Universidad de Queensland, que documentó 1.558 asesinatos de activistas ocurridos en cincuenta países diferentes entre 2002 y 2017, entre ellos la activista hondureña Bertha Cáceres (1973-2016). En estas circunstancias, la transformación de datos toxicológicos, con sus incertidumbres y lagunas, en acciones políticas es un proceso arriesgado y complejo, tanto para movimientos medioambientales como para sindicatos. Ante la ausencia de apoyo legal y académico, las comunidades de víctimas han puesto en marcha prácticas alternativas para la recuperación de cuerpos envenenados y paisajes degradados. A través de diversas estrategias se pueden realizar acciones reparadoras basadas en nuevos tipos de prueba, “epidemiologías populares” para recoger datos y aplicar formas alternativas de justicia que reparen los desequilibrios epistémicos y económicos.

Bertha Cáceres (1973-2016), activista hondureña asesinada en 2016. Había ganado varios premios por su defensa de los derechos de poblaciones indígenas frente a proyectos de construcción de presas hidroeléctricas e industrias extractivas de grandes multinacionales. Wikipedia.

Los ejemplos muestran que los tóxicos son productos sociotecnológicos, dotados de ontología precaria, suficientemente plástica y escurridiza como para circular por muchos contextos (laborales, domésticos, ambientales), cruzar las fronteras políticas y desafiar así formas variadas de control para causar problemas a diferentes escalas: local, regional, estatal, transnacional y global. Debido a sus peculiaridades materiales, los tóxicos producen frecuentemente situaciones inesperadas, alterando sustancialmente el escenario de su aparición e incumpliendo las promesas de sus grupos promotores. No conviene olvidar, sin embargo, que se trata de productos extraídos, fabricados, mantenidos o permitidos por prácticas sociales y culturales inmersas en relaciones de poder, fuertes desigualdades y violencias más o menos visibles. En este contexto, muchas reglamentaciones han surgido para salvaguardar el comercio mundial, en lugar de prevenir delitos contra trabajadores, consumidores o medio ambiente. De este modo, el mundo tóxico de los siglos XIX y XX se ha construido tanto a partir de la peligrosa materialidad de los venenos, como a través de desequilibrios epistémicos, prácticas de producción de ignorancia, regulaciones fragmentadas e injusticias ambientales que han propiciado un desigual reparto de costes y beneficios entre las víctimas y los grupos contaminadores.

 

 

José Ramón Bertomeu Sánchez
IILP-UV

 

Para saber más

Puedes ampliar la información con la bibliografía y recursos disponibles.

Lecturas recomendadas

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