Expertos y democracia

—La colaboración entre expertos y activistas permite superar la barrera de la pericia y democratizar la toma de decisiones en materias de ciencia, tecnología y medicina.—

En entornos marcados por fuertes intereses económicos y desequilibrios de poder, la tabla periódica de los saberes expertos de Collins y Evans apenas tiene validez. Sus categorías se desdibujan en una gran variedad de matices y aparecen otras situaciones que no encajan en su tipología. Se producen además problemas de legitimidad y demarcación que van más allá de las cuestiones apuntadas por estos autores. Se trata de asuntos complejos relacionados con la selección de las personas expertas, su autoridad y la fiabilidad de sus saberes, que están conectadas con mecanismos de captura por intereses poderosos, e incluso por prácticas de corrupción, que afectan de forma decisiva a la legitimidad de los expertos. En este apartado se revisarán dos grupos que actúan en direcciones opuestas: los “mercaderes de la duda” y los “expertos-activistas”.

Las personas expertas pueden quedar capturadas por los intereses de gobiernos o empresas, de modo que su margen de acción se encuentre implícitamente acotado para evitar conflictos con sus empleadores. Un ejemplo son los médicos de empresa que deben encargarse, entre otras cuestiones, de valorar las enfermedades profesionales para establecer bajas laborales e indemnizaciones, las cuales pueden suponer pérdidas económicas para sus empleadores. Por ello, tal y como recoge la encuesta de Pascal Marichalar en Francia a finales del siglo XX, este personal médico se encuentra en una posición incómoda, dentro de un espacio conflictivo marcado por las desigualdades entre empresarios y asalariados, lo que conduce muchas veces a prácticas de autocensura acerca de resultados sensibles para sus empleadores, todo ello en detrimento de la salud laboral. Similares conflictos de intereses se pueden encontrar en ensayos clínicos de fármacos, estudios toxicológicos de productos industriales, producción de estándares o valoración de patentes, entre muchos otros casos que pueden estar agravados por puertas giratorias, subvenciones encubiertas y presiones políticas.

Cartel publicitario de la industria del tabaco de 1946. En la cita superior izquierda se indica “El doctor es un científico, un diplomático, y un simpático y amistoso ser humano, todo al mismo tiempo, sin importar lo larga que sea su jornada”. Proyecto “Research into the Impact of Tobacco Advertising”, Standford University.

Con un suficiente respaldo económico y mediático, las grandes corporaciones o los gobiernos pueden reclutar a personas expertas con apariencia de neutralidad para servir a sus intereses. Un ejemplo son lo que Naomi Oreskes y Erik Conway denominaron “mercaderes de la duda”, una expresión inspirada en una frase de un directivo de la industria del tabaco: “la duda es nuestro producto” (“Doubt is our product”). Durante años, cuando las pruebas eran abrumadoras, gracias a estudios como los realizados por el epidemiólogo británico Richard Doll (1912-2005), la industria tabaquera trató de sembrar dudas razonables acerca de las relaciones entre tabaco y cáncer a través de la combinación de campañas publicitarias con subvenciones a personas e instituciones que pudieran servir a estos intereses. A través de diversos casos, desde el tabaco hasta la capa de ozono y el cambio climático, Oeskes y Conway han descrito las estrategias de los mercaderes de la duda para sembrar dudas acerca de saberes sensibles para los intereses de sus empleadores. Esta estrategia discursiva ha sido efectiva para retrasar la regulación de productos como el tabaco, los plaguicidas, el plomo o el amianto. También ha servido para diluir la acción pública en temas como la contaminación atmosférica, el deterioro ambiental y el cambio climático. Los mercaderes de la duda, junto con periodistas a sueldo, políticos interesados e impactantes campañas publicitarias, tienen capacidad de alterar la opinión pública, tal y como se ha visto con los gobiernos de Donald Trump en Estados Unidos o de Jair Bolsonaro en Brasil en la segunda década del siglo XXI.

Frente a los mercaderes de la duda, los expertos-activistas pueden desempeñar un papel esencial en las deliberaciones públicas desde su posición intermedia entre el mundo académico y la política. Muchas personas que han trabajado en estudios epidemiológicos, alimentación, salud pública o ciencias ambientales han desempeñado estos papeles de forma más o menos anónima y conflictiva. Su posición intermedia entre la academia y el activismo ha sido un peligroso aliciente para críticas por supuesta falta de objetividad e imparcialidad, dos virtudes aparentemente necesarias para la investigación científica y su empleo en políticas públicas. Hay muchos ejemplos entre las personas que constituyeron la toxicología ambiental y los estudios de productos cancerígenos a finales de los años sesenta en Estados Unidos. Tal y como ha estudiado Scott Frickel, este colectivo realizó una intensa campaña para mostrar los peligros de los agentes mutágenos como un problema de salud ambiental, un asunto sensible por sus potenciales implicaciones para las industrias productoras. Los activistas de la toxicología genética consiguieron desarrollar un espacio social entre la academia y el activismo, desde el que combinaron investigaciones básicas con el desarrollo de métodos preventivos, tales como el ensayo de Ames para detectar cancerígenos, un método desarrollado durante la década de 1970. Una vez introducido en sus versiones más sencillas y rápidas, las industrias perdieron el argumento de la carestía económica para evitar establecer los peligros de sus productos. A pesar de ello, no llegó a emplearse de forma sistemática durante la década siguiente, lo que podría haber prevenido la circulación de productos peligrosos antes de su comercialización. Al mismo tiempo que refinaban estas técnicas, la comunidad de toxicólogos también participó en debates de más largo alcance acerca de los peligros de los tóxicos para la salud y el medio ambiente.

Forence Robinson (derecha) con Marylee Orr, dirigente de un grupo ecologista de Louisiana en octubre de 2013. Louisiana Environmental Action Network.

La variedad de expertos activistas es muy grande, tanto por los temas tratados y sus correspondientes disciplinas académicas, como por los contextos sociales y políticos de su acción, así como por las regulaciones implicadas y los grupos afectados. Por ejemplo, Florence Robinson (1938-2016), una zoóloga afroamericana, participó en la lucha contra la contaminación del corredor químico de Louisiana. Su labor sirvió de puente para conectar movilizaciones, acciones legales y estudios ambientales. La historiadora Barbara Allen, que ha analizado con detalle este caso, señala que la acción de expertos-activistas favorece la hibridación de saberes locales y académicos para sentar unas bases “más objetivas y democráticas” sobre las que fundamentar la acción pública. Con su ayuda se pueden realizar informes alternativos desde otras lógicas de valoración y con nuevos encuadres del problema.

Por otra parte, también las personas activistas pueden adquirir un saber especializado a través de su contacto continuado con el problema que les permite, en ocasiones, tener acceso a saberes locales acerca del tema en cuestión. Un ejemplo son las personas activistas de Act-Up frente a los primeros tratamientos del sida y los procedimientos de ensayos clínicos. A pesar de que muchos carecían de formación previa, su labor en el terreno de la lucha por los derechos del colectivo homosexual les permitió introducir nuevos enfoques y cuestionar los métodos de las autoridades médicas oficiales. En otras ocasiones fueron activistas particulares los que acumularon una valiosa información que permitió posteriormente realizar estudios especializados. Un ejemplo es la documentación relacionada con el amianto recopilada por Francisco Báez Baquet, delegado sindical de Comisiones Obreras en la empresa Uralita de Sevilla, que también colaboró en la preparación de propuestas de regulación para afrontar los problemas de este producto tóxico.

En ocasiones los activistas han colaborado con expertos para elaborar proyectos para completar la ciencia por hacer en determinadas áreas. Un ejemplo es el “Contested Illnesses Research Group”, que reúne activistas y académicos para recuperar la experiencia colectiva de enfermedades puestas en cuestión. Su objetivo es pensar formas alternativas de producir datos en salud pública y diseñar normas más adecuadas para evitar la indefensión de las víctimas. Recogen el malestar social acerca de las limitaciones de la medicina académica para resolver problemas marcados por desigualdades sociales y económicas. Se inscriben dentro de las tendencias hacia una mayor participación democrática en la toma de decisiones relacionadas con la ciencia, la tecnología y la medicina.

Canal de Middlesex en Woburn (Massachusetts, EE. UU.). En esta zona se produjo un vertido tóxico que provocó serios problemas de salud recopilados por el vecindario en uno de los ejemplos de “epistemología popular” estudiados por Phil Brown. El caso ha dado lugar a populares libros y películas. Wikipedia.

Todas estas iniciativas pueden ayudan a superar lo que Shobita Parthasarathy ha denominado “barrera de la pericia”, una especie de concertina inmaterial, formada por lenguaje esotérico, valores numéricos y fórmulas incomprensibles, que aparta a la ciudadanía de las decisiones acerca de sus problemas. Además de ayudar a superar estas barreras, los expertos-activistas pueden tender puentes entre diversos grupos implicados, con el fin de propiciar formas de gobierno más abiertas y democráticas. En esta dirección se han realizado muchas propuestas en las últimas décadas, desde foros híbridos con personas expertas y grupos activistas hasta proyectos basados en la participación activa de las personas involucradas en la producción de saberes y la toma de decisiones.

Tal y como señala Scott Frickel, una de las dificultades para avanzar en esta dirección es la hegemonía en los debates públicos de falsas dicotomías: investigación pura y aplicada, ciencia y activismo, hechos y valores. Sus trabajos muestran que los estudios toxicológicos orientados hacia la salud pública y la justicia ambiental pueden tener excelentes estándares de calidad y confrontar problemas teóricos de gran calado, habitualmente considerados como propios de la investigación básica. En esta misma dirección apuntan las conclusiones de una amplia revisión sobre la historia de problemas medioambientales como la lluvia ácida, la capa de ozono o la reducción del hielo en los polos. Sus autores señalan la necesidad de superar las imágenes idealizadas de la actividad científica y su relación con la política y la economía. Estos relatos repetidos hasta la saciedad desde planteamientos cientificistas asumen que más presencia de personas con credenciales académicas debería producir mejores soluciones políticas. Se evita así abordar los problemas ya mencionados acerca de la participación de expertos en las deliberaciones públicas.

El estudio, en el que ha participado la historiadora Naomi Oreskes, propone seguir un camino inverso y aceptar, como punto de partida, unas fronteras borrosas entre ciencia y política, de modo que se tengan siempre en mente los potenciales conflictos de intereses, las puertas giratorias y la idoneidad de los comités para los temas abordados. Unas excelentes credenciales académicas no siempre proporcionan los saberes necesarios para guiar la gestión en crisis ecológicas o problemas de salud pública. La representatividad de los comités de expertos también debe ser evaluada, tanto por cuestiones políticas como epistémicas. Por ejemplo, más diversidad en los paneles puede hacer ganar legitimidad, reducir sesgos y producir resultados más fiables en algunas circunstancias, aunque en otras los títulos académicos pueden confundirse con saber experto en el tema. Es también discutible la generalizada creencia de basar las evaluaciones en saber científico no controvertido, lo que excluye, por ejemplo, los trabajos más recientes o aquellos que afectan a intereses poderosos con capacidad para generar falsas polémicas. Una alternativa es la inclusión en los informes de diferentes puntos de vista, junto con sus certezas e incertidumbres.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la petición de informes es una forma de dirigir los estudios en determinadas direcciones, mientras se desatienden otras sin interés para los poderes políticos y económicos, pero que resultan cruciales para prevenir la salud de la población o la calidad del medio ambiente. Los autores del estudio mencionado, dirigido por Naomi Oreskes, concluyen con un ruego a gobiernos, agencias consultivas y expertos para que eviten modelos simplistas y tengan en cuenta la complejidad del problema para garantizar la producción de saberes socialmente robustos y resistir así a las acciones de los mercaderes de la duda y a las prácticas de creación deliberada de ignorancia.

Portada del libro de Naomi Oreskes. Princeton University Press.

La complejidad de los temas, con implicaciones en diversos ámbitos disciplinares, junto con la intersección de aspectos técnicos, económicos y éticos, hace de los asuntos medioambientales o de salud pública unos escenarios muy adecuados para estudiar las cuestiones relacionadas con la gestión del saber experto. Como se ha visto en los ejemplos de otros apartados de esta sección, la historia de las huellas dactilares, los análisis de aguas o los viajes de estudio ofrecen nuevas perspectivas para analizar críticamente las fuentes de legitimidad del saber experto y su relación con poderes económicos, políticos y mediáticos, así como con el activismo y los colectivos de víctimas.

El estudio del saber experto y su papel en las deliberaciones públicas parece un tema todavía más acuciante en las primeras décadas del siglo XXI. El auge de la llamada posverdad y de las noticias falsas obliga a repensar las condiciones de confianza en la ciencia, sin recurrir a las respuestas tajantes y simples que ofrecen, en sentidos opuestos, los discursos cientificistas y relativistas, tal y como señala el libro de Naomi Oreskes publicado en 2019 Why Trust Science? La pandemia del covid-19, surgida meses después de la publicación de esta obra, ha hecho todavía más patente la importancia de abordar estas cuestiones con todos sus matices.

José Ramón Bertomeu Sánchez
IILP-UV

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